ICAL
Al margen de las grandes operaciones policiales que acaban con redes mafiosas y empresarios sin escrúpulos imputados, la explotación laboral se ha convertido en un iceberg que no solo se desarrolla en espacios opacos e invisibles. Convive en los polígonos industriales, en explotaciones agrarias y ganaderas del medio rural, en sectores como la construcción o la hostelería, y también en el cuidado de personas dependientes. Desde algunos sectores se advierte que la falta de mano de obra es lo que está empujando a la contratación ilegal de inmigrantes en situación irregular, argumento que contrasta con el hecho de que España lidere el desempleo de la Eurozona con un tasa del 11,3 por ciento.
La realidad es que el número de víctimas de explotaciones laboral liberadas en Castilla y León se ha duplicado en el último lustro, pasando de las 29 de 2019 a la 64 del pasado año, a las que hay que sumar las once víctimas de trata con fines laborales que fueron rescatadas, según un informe realizado por la Secretaria de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) y al que ha tenido acceso Ical. Fruto de este trabajo policial, en total fueron detenidas 25 personas, 19 por explotación y seis por trata con fines laborales. La situación en el conjunto de España es similar y las víctimas de explotación laboral liberadas han pasado de las 394 de 2019 a las 612 del pasado año.
El jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ávila, el capitán Juan José Vallejo, reconoce que este incremento también es fruto de una mayor labor de vigilancia y destaca que en los últimos dos años casi se han duplicado las operaciones conjuntas que realizan con Inspección de Trabajo y que en en la mayoría de los casos acaban destapando casos de inmigrantes en situación irregular que están trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social.